PROPUESTAS DE PRINCIPIOS PARA UN PARTIDO POLÍTICO QUE SAQUE A ESPAÑA DE LA CRISIS
La crisis sigue su curso. El agotamiento de la capacidad de compra de los salarios provocado por:
1. La reducción de la renta disponible originada por la manipulación intencionada del IPC ligada a una visión política equivocada para el futuro de nuestro país
2. El error de cálculo en el IPC que ha permitido que durante más de diez años se elevara el precio de algunos productos básicos mucho más que los salarios medios
3. Y todas las subidas de impuestos y tasas que han emprendido los últimos gobiernos para no disminuir el tamaño del sector público está causando un desastre económico que afecta de forma creciente a unas clases media y baja de la población que ven claramente como su empobrecimiento se hace, más que evidente, alarmante.
4. Para completar el oscuro panorama, sobreviene a nivel mundial, la pandemia del COVID-19, que acabará arruinando económicamente a nuestro País, España.
Aunque muchos aseguran lo contrario, la crisis financiera de las hipotecas basura que vino, un año después del comienzo de la crisis española, a superponerse al desastre económico mencionado, no tuvo mucho impacto sobre nuestra economía. La cantidad de bonos hipotecarios basura norteamericanos en la cartera de nuestras principales empresas e instituciones financieras siempre fue muy reducida.
Sin embargo, para desgracia de todos los españoles, poco después empezamos a sufrir una crisis de deuda creada por el enfoque errado con el que nuestros gobiernos enfrentaron el problema del agotamiento de la capacidad de compra de los salarios, de la demanda interna, de las ventas y, por tanto, de la recaudación de impuestos. Enfoque que, con cada medida tomada, no hacía sino ahondar y acrecentar la brecha entre ingresos y gastos públicos y aumentar el importe total de esta gigantesca deuda.
Si no hacemos nada pronto, si no cambia el devenir de los acontecimientos, esta descomunal burbuja de deuda en la que nos han embarcado nuestros últimos gobiernos nos estallará en breve. Y es que la falta de conocimientos de economía de nuestros gestores económicos permite que dos de los factores que dieron origen a la burbuja inmobiliaria -y parcialmente a la crisis de capacidad de compra- sigan activos y uno de ellos esté ahora provocando una burbuja de valores en la bolsa:
Dado que el mercado inmobiliario está totalmente parado por la ausencia de capacidad de compra en las economías familiares, el dinero nuevo que el BCE está inyectando en grandes cantidades –por petición expresa de los estados miembros de la zona euro– en nuestros mercados, vía compra indirecta de deuda pública, se está yendo ahora al otro mercado con potencial especulativo que nos queda -la Bolsa de valores-.
Las instituciones financieras monetarias ven como se recuperan sus balances a costa del bolsillo de todos los españoles por la intermediación en el mercado de deuda pública -compran deuda pública directamente y el BCE se la recompra a un precio más alto-. Y mientras tanto la deuda publica crece y crece alocadamente. Nos acercamos a la tormenta perfecta.
Cuando la burbuja de valores/activos estalle por la obvia y evidente falta de correlación entre la economía real y la valoración de los títulos que cotizan en la bolsa de valores, cuando la capacidad de generación de recursos de la economía española quede bajo lo que demanda el pago del principal más los intereses de la Deuda Pública y los mercados internacionales y el BCE dejen de prestar fondos a nuestro Estado a un interés asumible por su obvia incapacidad para devolver lo recibido, un escenario a la griega o peor nos espera. El estallido de la burbuja en la bolsa puede o no ser el detonante, pero un estallido conjunto nos puede llevar a una situación de miseria real en pocos meses. Y llevarse de paso consigo la estabilidad económica de toda Europa.
Así, mientras se observa cómo los mediocres políticos que nos gobiernan regalan los oídos de los españoles con todo tipo de mentiras para hacernos creer que nuestro país está saliendo de la crisis, la empobrecida clase media ve como se alejan, poco a poco, pero irremediablemente, sus pocas esperanzas de que la realidad que les rodea cambie de una vez y una economía saneada les permita recuperar su perdida capacidad de compra. Una capacidad de compra que les devuelva el bienestar perdido. La oportunidad de llegar humildemente a final de mes. Pero de llegar y de vivir una vida digna.
Mientras los políticos siguen llenando sus bolsillos y saliendo impunes de todas las causas judiciales que les afectan, los bancos recuperan su rentabilidad a costa de los bolsillos de unos ciudadanos que tendrán que hacer frente al pago de una deuda descomunal -como hace muchos siglos que no veíamos- y las más altas instituciones del Estado quedan irremediablemente dañadas por los escándalos de corrupción impune que les afectan, la angustiada clase media contempla con desesperanza como nada de lo que aparece en el horizonte político les permite abrigar la esperanza de que haya alguna posibilidad de reconducir un sistema que en unos pocos años se ha deteriorado de forma casi irreversible.
Dado que los partidos que ahora existen no defienden ningún paquete de propuestas completo que permita albergar alguna esperanza de salir de esta crisis que se ahonda cada día que pasa y de regeneración real de nuestra Democracia, aquí os presento estas propuestas que espero que, o bien sirvan para crear un nuevo partido, o para que los existentes cambien sus programas, pero que constituyen un mínimo sin el cual no hay ninguna posibilidad de que nuestro sistema se regenere ni de que un sistema económico mejor fundamentado permita que salgamos de esta crisis sin antes obligar a pasar a la clase media española por la más tremenda de las miserias.
Los enunciados y su argumento aparecen a continuación:
1.“Apostar definitivamente por un modelo económico de crecimiento basado en la competitividad del conocimiento generado y desarrollado en nuestras universidades y en nuestras empresas por las generaciones de técnicos más formadas de nuestra historia, desechando de una vez el modelo basado en los salarios baratos que ahora sólo genera destrucción del mercado interior y pobreza”
Dada la situación de atraso tecnológico y económico en el que se encontraba nuestro país en los albores de nuestra Democracia -derivado del fracaso de nuestra industrialización en el s. XIX y primeros años del s. XX, la guerra civil y los procesos de crecimiento primero autárquico y luego semi-abierto tras el paso de Lopez Rodó por el gobierno-, nuestros primeros líderes democráticos optaron por adoptar un modelo económico de crecimiento e integración en los mercados internacionales caracterizado por intentar competir con unos productos elaborados a base de mano de obra barata. Se buscaba así crecer y atraer a inversores internacionales que crearan industria utilizando los bajos salarios para conseguir precios competitivos en los mercados europeos. Siguiendo estas ideas económicas tan en boga en los años 70 y 80 del siglo XX, nuestro país consiguió atraer una floreciente industria automovilística.
Apostando por este criterio, cuando, en los años 70, la primera crisis del petróleo y una errada política económica favorecieron la aparición de una espiral inflacionaria -la inflación llegó a superar el 26% en 1977-, nuestros gobernantes acordaron -Pactos de la Moncloa de 1978- una política de rentas para luchar contra el desastre económico que dicha espiral de precios-salarios, junto con la inseguridad política, estaba generando. Se trataba de controlar y reducir paralelamente tanto los precios como los salarios de forma que la economía volviera a funcionar dentro de unos parámetros aceptables y no desestabilizadores.
Al mismo tiempo en que nos ceñíamos a dicho modelo de crecimiento, durante décadas nuestro Estado se gastó una ingente cantidad del dinero de nuestros impuestos en subvencionar la educación secundaria y universitaria de sucesivas generaciones de españoles hasta llegar en la actualidad a conseguir tener las mas formadas de nuestra historia.
La idea primigenia era ir cambiando poco a poco de modelo para pasar de uno con baja cualificación de la mano de obra, bajos salarios, bajo bienestar social y escaso mercado interior a otro donde la alta cualificación de nuestros técnicos y el conocimiento adquirido y generado en nuestras universidades y nuestras empresas permitiera crear empresas competitivas por la capacidad de diferenciación derivada de la innovación y la aplicación práctica de la tecnología diseñada en nuestro país.
La idea era permitir que nuestra población gozara de un nivel de vida acorde a su capacidad intelectual dentro del grupo de los países más avanzados. Que el mercado interior permitiera la aparición de nuevas y poderosas empresas que ofrecieran trabajo, ahorro y capacidad de crecimiento para luego competir con garantías en los mercados internacionales. Y… y ahí nos quedamos. En la idea. Lo que en otros países, como los famosos “tigres” del sudeste asiático, resultó en su momento algo natural derivado de la inteligencia de sus políticos, en nuestro país, dada la radical diferencia entre la evolución intelectual de nuestros técnicos y nuestros políticos, parece haberse quedado en el limbo de las ideas.
Así, en vez de intentar competir por know-how, por empresas tecnológicamente punteras, por los conocimientos extraídos de dicha formación, nuestros gobernantes han decidido no cambiar de modelo -seguramente no lo han decidido y simplemente no saben lo que hacen- y han seguido presionando a la baja la capacidad de compra de los salarios hasta sumir a nuestra clase media en la pobreza con la esperanza de que, compitiendo por costes salariales con los chinos y los indios -de la India-, el crecimiento a lo “tigre asiático” -desde cero- nos saque de este retraso secular.
Pero no es lo mismo seguir esta política económica sobre una una base social de trabajadores des-cualificados que sobre una de técnicos super-cualificados, técnicos que ha costado un millonada crear a lo largo de años de esfuerzo de toda la sociedad. No parece inteligente, desde ningún punto de vista, lo que están haciendo estos últimos gobiernos de nuestra Democracia, gobiernos que se han empeñado en tirar todo esa millonada de dinero a la basura.
2. “Acometer una liberalización real y profunda del sector financiero que permita la aparición de un capital riesgo verdadero que ayude a financiar el éxito de todas aquellas buenas ideas empresariales que sean promovidas por individuos sin un apoyo financiero fuerte previo”
La única razón que los sucesivos gobiernos de nuestro país esgrimen para no liberalizar de una vez nuestro mercado financiero es la, para ellos, incapacidad manifiesta del ciudadano español para saber elegir en libertad en que entidad financiera depositar sus ahorros. Para nuestros dirigentes, como el español medio es incapaz de entender el riesgo que comporta el que una institución financiera invierta su capital en proyectos nuevos con alta rentabilidad pero con cierta posibilidad de perder la inversión, desde hace ya años se optó por sobre-protegerle, negando la posibilidad de que existan este tipo de instituciones financieras y privando así a la sociedad en su conjunto de la posibilidad de acceder a un capital no barato pero asequible para proyectos nuevos que partan sin un respaldo financiero personal fuerte previo de los emprendedores.
En vez de facilitar la aparición de un verdadero capital riesgo que permita y facilite el surgimiento de nuevas empresas promovidas por personas cualificadas aunque sin recursos financieros fuertes previos, nuestros gobernantes se han empeñado en ahogar hasta el límite la capacidad de compra de los salarios presentes y futuros. De esta forma se ha ahogado también cualquier posibilidad de ahorro y de consumo interno cuya demanda sirviera de mercado a las incipientes empresas.
Todo partido que se precie de querer solucionar la situación económica de nuestro país debe comprometerse a luchar porque la legislación europea deje de poner trabas a la liberalización de este mercado.
3. “Apostar por intentar lograr el consenso necesario para cambiar nuestra Constitución al objeto de crear los limites y los mecanismos legales que permitan garantizar la división de poderes, la independencia de todas las instituciones -estructura, funcionamiento, financiación y gobierno- que en una Democracia de verdad debieran ser independientes y el castigo ejemplar de todas las conductas ilícitas llevadas a cabo por cualquier persona en el ejercicio de un cargo político o de un puesto en la Administración.”
Los padres de nuestra Constitución “se olvidaron” por completo de crear, dentro de nuestra Carta Magna, los mecanismos legales que permitieran garantizar la división de poderes y la independencia de todas aquellas instituciones que debieran ser gobernadas por personas independientes de reconocido prestigio, algo esencial para cualquier Democracia que quiera sobrevivir a sus fundadores. También se olvidaron de fijar un sistema de penas al más alto nivel para todos aquellos delitos de todo tipo -corrupción, robo, prevaricación, malversación, etc.- que pudieran suceder en cualquier instancia de nuestro estado -clase política y administrativa-.
Estos detalles, junto con la elección de la Ley D’hont -ley electoral que da más diputados de los que les corresponden a los partidos políticos que más votos sacan quitándoselos a los partidos que menos votos obtienen- para intentar minimizar la inestabilidad política en momentos de cambio de régimen, ha provocado que un sistema de pocos partidos políticos con una organización interna piramidal haya colonizado todos los poderes del Estado llevándonos a una situación insoportable de corrupción, despilfarro y ruina.
Actualmente todas las instituciones que deberían ser gobernadas por especialistas independientes para poder ser eficientes en la defensa de los principios de un estado de derecho democrático y en la persecución de la corrupción y el mal gobierno, están todas “okupadas” por un sistema de partidos que se reparten los cargos e impiden cualquier regeneración del sistema desde dentro. Como ya dije en la otra entrada, ¿con que cara van a ir los inspectores del Banco de España a revisar las cuentas de una Caja de Ahorros gobernada por los mismos que han puesto en el Consejo del Banco De España al Gobernador, al Subgobernador y a más de la mitad de su consejo? ¿Para que van a controlar nada si cuando cambien los políticos que están en el gobierno los nuevos gobernantes van a seguir cubriendo la corrupción que emana de ellos mismos? ¿Con que argumentos van a perseguir los jueces la corrupción política cuando su cúpula y, por tanto, toda su carrera como jueces, está sometida al arbitrio de aquellos a los que deberían perseguir?
4. “Apostar por lograr el consenso necesario para acometer una reforma de nuestra Constitución que garantice que el tamaño máximo de las Administraciones Públicas -gasto público total- sea proporcional a la capacidad de pago de impuestos del salario medio necesaria para sostener dicha estructura y no al número de habitantes, al PIB o al PIB per cápita.
Dicho límite superior del gasto público debe estar situado en aquel punto que exija extraer un importe de los salarios medios brutos en forma de impuestos para su mantenimiento no mayor de aquel que permita una razonable calidad de vida de los ciudadanos de este país.”
Los sucesivos gobiernos, tanto de un signo como de otro, han ido creando, y quieren mantener, un enorme aparato administrativo -rodeado y penetrado de una gran pléyade de políticos y sus enchufados a dedo- que necesita de unos altos impuestos y una gran cantidad de endeudamiento, tanto interior como exterior, para su supervivencia.
Los argumentos que han utilizado los políticos para lanzarse a esta alocada carrera por sobre-dimensionar nuestro sector público los han tomado prestados de unos economistas que, con buena voluntad aunque con poca reflexión, han estimado que el sector público debe mantener una relación bien con el PIB per-cápita, bien con el PIB a secas o incluso con el número de habitantes. Así, se han olvidado de que no es lo mismo extraer un 20% de la renta de las familias para mantener un cierto tamaño de Estado que un 40 o un 50%. Que eso no tiene el mismo efecto sobre la capacidad de compra que les queda a estas ni, por tanto, sobre el mercado interno que les supone a las empresas para crecer y fortalecerse financieramente antes de expandirse internacionalmente, o sobre la capacidad de ahorro precursora de la inversión. Que no es lo mismo dedicar un determinado porcentaje de la renta total (PIB) de un país a mantener un estado en un país industrializado donde los ciudadanos disfrutan de unas rentas altas derivadas de sus salarios que de otro país donde las rentas familiares son bajas y la riqueza esta concentrada en unas pocas manos que además consiguen ser las que menos impuestos pagan.
5. “Apostar por intentar lograr el consenso necesario para cambiar nuestra Constitución al objeto de modificar el artículo 135 de forma que el límite al endeudamiento público quede fijado con rango de máxima norma y libre de interpretaciones políticas del gobierno de turno”
Tal y como se explicó en La reforma constitucional para limitar la Deuda Pública, esta no pasa de ser un despropósito en todos sus aspectos. No sólo los límites fijados pueden ser obviados ateniéndose a los mismos supuestos delimitadores que quedan incluidos dentro del articulo en cuestión, sino que todo su desarrollo normativo que supone su aplicación real se realiza en una norma de rango menor susceptible de ser modificada por el Gobierno de turno con mayoría suficiente.
La limitación al endeudamiento público es una cuestión fundamental desde el momento en que nuestros gobernantes parecen cada vez más distantes de los problemas que parecen afectar a la población de nuestro país. Dado que la mediocridad abunda por nuestros centros de gobierno, resulta imprescindible evitar que medidas tomadas por individuos poco conscientes de sus consecuencias puedan acabar con el trabajo y/o el bienestar de una gran parte de la población.
6. “Apostar por mejorar la imagen de la política frente a la opinión pública obligando por ley a todos los políticos a ser licenciados para poder optar a un cargo público y a ser doctores en alguna especialidad de política económica para optar a un cargo con responsabilidades sobre las decisiones de política económica. También hay que exigir que nuestra legislación obligue a todos los políticos a hacer una declaración jurada de bienes antes y después de dejar un cargo público.”
Una de las principales razones por las que nuestro sistema democrático ha llegado al grado de degradación actual es el bajísimo nivel intelectual de nuestra clase política. Derivado de una nueva falta de visión de los padres de nuestra Constitución a la hora de establecer unos requisitos mínimos para poder acceder a un cargo público y el sistema piramidal en que se han conformado nuestros partidos políticos, los políticos que nos gobiernan y que toman decisiones de muchísima importancia para nuestra economía doméstica y nuestra capacidad de llegar a final de mes son personas con una cualificación intelectual muy dudosa.
En el caso de aquellos puestos de nuestro gobierno que más afectan el bienestar de millones de personas, no basta con una licenciatura ni con un doctorado, sino que sería necesario mostrar además una trayectoria política y/o personal impecable. La corrupción puede originarse a raíz de las circunstancias pasadas de cualquier político. La legislación española debe ser clara y concisa a la hora de sacar de su cargo a cualquier político que haya mentido en su currículum formativo y profesional o en su pasado personal.
7. “Se mejorará, una vez garantizada su completa independencia de los partidos políticos, sustancialmente la dotación tanto humana como de medios técnicos del Tribunal de Cuentas al objeto de que este pueda realizar una fiscalización rápida y efectiva de todas las cuentas de las empresas, entes y administraciones públicas. Los resultados de sus pesquisas fiscalizadoras, tanto los que impliquen consecuencias penales como los que no, serán publicados con todo detalle en una web de libre acceso.”
La corrupción se ha extendido por todas las administraciones de nuestro país en gran parte debido a la ineficiencia fiscalizadora de aquella institución que fue expresamente creada para llevar a cabo dicho cometido. La escasez de medios y la politización de sus integrantes ha llevado a esta institución a un grave descrédito. Resulta imprescindible corregir esta deriva si lo que se quiere es un sistema en que el pueda confiar el pueblo que lo integra.
8. “Apostar por darle al conocimiento de la ciencia que estudia la economía de país la importancia que tiene y aceptar que hay principios económicos que deben cambiar para adaptarse a la realidad social de cada país y cada época. Así, hay que apostar por cambiar la composición de la cesta de productos que actualmente se utiliza para el cálculo del índice que busca reflejar la evolución de los precios de la cesta de la compra -el IPC- de forma que a partir de ahora incluya la vivienda para uso propio.”
Keynes fue el último de los grandes economistas de nuestra historia que dejó por escrito las razones que sirven para considerar hoy día el gasto en una vivienda como una inversión. Explica esta decisión en dos argumentos que en su día pudieron tener más o menos apoyos reales, pero que hoy en día carecen del sustento necesario para mantenerse. En su libro ‘La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero’, publicado en 1936, afirma que la compra de una vivienda debe ser considerada como inversión “desde el momento en que las viviendas son consideradas normalmente como bienes adquiridos con recursos procedentes del ahorro y no de la renta corriente, y que son a menudo propiedad de personas distintas de los ocupantes”.
Pero, a fecha de hoy, en nuestro país más del 80% de la población es propietaria, o está en vías de serlo, de la vivienda que habita y las viviendas son adquiridas, en su gran mayoría y para una proporción cada vez mayor del importe total, a través de créditos hipotecarios cuyo pago hay afrontar con los ingresos corrientes.
La consideración actual que se tiene entonces del gasto a realizar para la adquisición de una vivienda queda claramente en entredicho. Se hace imprescindible discernir entre la compra de una vivienda como inversión, especulativa o no, y la compra de una vivienda para uso propio como primera o segunda vivienda. Este segundo tipo de compra debería considerarse como gasto en consumo y las cuotas de los créditos hipotecarios incluirse sin duda alguna en la cesta de la compra de las familias españolas. La vivienda para uso propio debería, por tanto, ser considerada dentro de los bienes cuyo cambio de precio debería quedar incluido dentro del cómputo del IPC.
9. “Apostar por recuperar la capacidad de compra perdida por los salarios españoles desde hace más de tres décadas reduciendo el tamaño del Estado y paralelamente el importe de todos los impuestos y tasas que actualmente gravan las rentas medias por medios directos -IRPF, tasas- e indirectos -IVA, tasas e impuestos que aumentan el precio de la gasolina y la electricidad-.”
Si estamos en una crisis tan profunda y tan duradera es porque se ha venido larvando durante los últimos casi treinta años. La perdida de capacidad de compra de los salarios tiene dos causas fundamentales y ambas pueden atribuirse a la mediocridad de nuestros gobernantes. En un sistema basado en la economía de mercado no puede idearse un planteamiento de futuro basado en la reducción de la capacidad de compra de los salarios, es decir, la demanda interna de un país, sin que esto pase factura a todo el sistema. Con la primera de las propuestas que incluye esta entrada se busca cambiar este planteamiento.
Tampoco puede pensarse que nuestra economía vaya a recuperarse, por mucho que lo digan Luis de Guindos o Cristóbal Montoro, subiendo cada vez más los impuestos y las tasas que gravan los salarios y/o limitan su capacidad de compra para mantener -o reducir residualmente- una estructura administrativa a todas luces desorbitada respecto de la capacidad de generación de impuestos del salario medio. Este incremento está empeorando cada día que pasa la situación económica de las familias y en consecuencia, la capacidad de recaudación impositiva del Estado por IVA, IRPF o impuesto de sociedades.
Así, tras fijar claramente los principios acerca del tamaño del Estado y su capacidad de endeudamiento en los puntos 4 y 5 de esta entrada, se hace imprescindible emprender una campaña quirúrgica proactiva y detallada que busque reducir el tamaño del Estado hasta un nivel realmente sostenible -reduciendo partidas de menor a mayor importancia para el ciudadano y los intereses nacionales-. Esta reducción ha de hacerse sin que le tiemble el pulso al Gobierno y ha de venir acompañada por una reducción paralela de la carga impositiva que soportan los salarios de las familias españolas. Cualquiera de estas dos medidas sin la otra no tendría el deseado efecto sobre nuestra economía.
10. “Apostar por eliminar todos aquellos monopolios y oligopolios privados que perjudican claramente los intereses de los ciudadanos españoles al mostrar una clara tendencia a fijar precios al alza para bienes básicos de consumo. En esta línea, todos aquellos mercados en los que no pueda lograrse una competencia real por la concurrencia abierta de empresas que oferten sus productos libremente a los ciudadanos, deberán quedar bajo el control de una autoridad nacional que será la encargada de velar por el interés de los ciudadanos de nuestro país.”
La tan cacareada reconversión industrial y luego la liberalización de varios sectores económicos bajo los sucesivos gobiernos de nuestra democracia no ha traído más que una desindustrialización creciente y una creación de oligopolios privados de facto que, con la excusa de adaptar los precios de los suministros al mercado, han incrementado estos hasta niveles superiores incluso a los de países mucho más desarrollados con una demanda mucho más alta.
La liberalización de sectores económicos fundamentales tiene sentido si el resultado es un mercado en competencia real donde la oferta de productos es más amplia, de más calidad y más barata que bajo el monopolio del Estado. Pero ni la oferta eléctrica, ni de telecomunicaciones, ni de servicios financieros, ni la de los combustible fósiles es tan amplia y ninguna de ellas es más barata para el ciudadano español -exceptuando la de servicios financieros- de lo que hubiera podido ser bajo el monopolio del Estado. Es verdad que el Estado es el peor gestor empresarial que pueda uno imaginarse, siempre abierto a malgastar un dinero que no es suyo y a caer en corruptelas de todo tipo. Pero, para nuestra desgracia, ahora tenemos unas pocas empresas que controlan estos mercados con enormes beneficios que luego invierten -ruinosamente en bastantes casos- en países de américa latina.
Todos estos oligopolios perjudican sustancialmente la capacidad competitiva del tejido empresarial español no perteneciente a su entorno financiero. Aumentan los costes directos de todas aquellas empresas que utilizan sus producciones como input en su proceso productivo y repercuten negativamente de esta forma en la generación de empleo y de rentas para la clase media española. Así, indirecta y directamente -a través del pago de unos bienes y servicios mas caros- se está perjudicando la capacidad de compra de los salarios medios españoles y haciendo que esta crisis se profundice cada día mas.
11. “Apostar por intentar lograr el consenso necesario para cambiar nuestra Constitución al objeto de definir claramente los límites de la actuación de los gobiernos autonómicos para evitar las rupturas del mercado y del bienestar de la población que una hipotética secesión de una parte del estado traería.”
Los argumentos secesionistas no pueden seguir utilizándose más para justificar una política mafiosa de control económico de un territorio por parte de partidos políticos corrompidos y con tentaciones totalitarias. Es necesario un cambio constitucional para evitar que ningún partido político nacionalista pueda tener la tentación de utilizar una vía que no se dejó bien sellada durante un proceso constitucional que acusó el golpe del atentado a Carrero Blanco.
Nuestro país está en grave peligro de desintegrarse en nuevas taifas mafiosas como ya sucedió en el pasado. El ciudadano pagará las consecuencias de estas banderías si no se cierra esta vía que amenaza con hundir la unidad de mercado y la convivencia entre los españoles.
A. Estamos ante una serie de crisis superpuestas y la subyacente, la primera y más fundamental, se debe a un enfoque de política económica errado y a una falta de conocimiento de economía de país de nuestros gobernantes. Si dejamos que la recesión siga su curso sin alterar los factores que dieron origen al problema, estamos abocados a un gran período de penurias para la clase media y a que se vuelva a repetir la situación cuando la economía se recupere. Estamos ante un problema parecido al que mantuvo la economía de este país en déficit crónico durante más de tres siglos (mediados del s.XVI- finales del s. XIX). Entonces el Estado se empeñó en mantener su tamaño sin preocuparse de la demanda interna, agobiando y engañando al ciudadano para extraer del tejido económico hasta el último real disponible. Los Reyes y sus consejeros pensaban que manteniendo bajo control un gran territorio podrían favorecer la extracción de recursos naturales y la creación de riqueza que les diera aún más poder. Al final se independizaron todas las colonias, nuestro país perdió miserablemente el tren de la industrialización y más de un 90% de la población española vivió al límite de la supervivencia hasta bien entrado el siglo XIX.
B. No queremos sumirnos durante un largo período en la miseria. Tenemos la clase media con los técnicos mejor formados de nuestra historia y podríamos competir perfectamente en este mundo industrializado si a los miles y miles de potenciales emprendedores se les facilitara el acceso a fuentes de capital riesgo y se les facilitara una demanda interior potente. Pero para ello hace falta que se liberalice de una vez por todas el mercado financiero y que el Gobierno comprenda que hay que reducir el tamaño del Estado para poder reducir paralelamente la tremenda carga impositiva que tienen que soportar los salarios españoles.
Ojala los nuevos partidos escuchen y comprendan lo que nos jugamos. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo y demostrar a los españoles que no sólo les importa conseguir el poder a cualquier precio. Que no son más de lo mismo. Que tienen personas inteligentes en sus cuadros de mando. Si no es así, habrá que crear un nuevo partido, mal que nos pese, que permita dar una oportunidad a los ciudadanos de este país de evitar su desastre y su miseria.